Las dictaduras del algoritmo

 

Una ciudadanía estimulada hasta el aturdimiento, con el ritmo cardíaco desbocado. Incapaz de respirar, con el rostro agitado y enrarecido. Desfigurado por la rabia, la frustración o la desidia. Rostros estragados, de mirada ausente. Superficialidad e insolencia. Las noticias se sobreponen, las declaraciones altisonantes saben ladrar, el caudillo anuncia medidas absurdas y arbitrarias entre gritos. Sus dedos acusan sin pruebas. La crispación cotidiana nubla la razón y naturaliza la arbitrariedad. 

Habitamos una realidad entre rezos y amenazas. La gente vive con un taladro pegado al oído. El algoritmo es un sabueso, adiestrado para olfatear nuestros miedos y, al mismo tiempo, un arquitecto capaz de diseñarlos a la medida.

La nueva ultraderecha latinoamericana ha comprendido que el algoritmo no solamente puede ayudar a conquistar el poder. Puede convertirse también en una herramienta para administrarlo, justificarlo y construir la percepción que la sociedad tiene de él.

Las viejas dictaduras del siglo XX necesitaban censurar periódicos, cerrar emisoras, perseguir periodistas incómodos y controlar la televisión. Las nuevas formas de dominación pueden ser más sofisticadas. No necesitan decirle a la ciudadanía qué pensar. Les basta con conseguir que cada persona reciba, durante horas, días y meses, aquello que confirma lo que ya piensa.

Si bien el algoritmo no tiene una ideología propia. Sí responde a incentivos: premia la interacción, la controversia, la indignación, el miedo y todo aquello que consigue mantenernos adictos a estar conectados. Y ahí aparece su enorme potencial político, pues no solamente organiza la información: organiza nuestra atención.

Ese cambio resulta fundamental. Durante una campaña electoral, el objetivo puede ser conquistar votos. Pero cuando termina la campaña comienza otra batalla: conseguir que la ciudadanía interprete el ejercicio del Gobierno dentro del relato que el propio Gobierno necesita construir.

El gobernante contemporáneo ya no solamente gobierna. También produce contenido.

La decisión política se convierte en video. El operativo militar se transforma en espectáculo, la controversia de zanja con un trino. La captura se convierte en publicación. Los cadáveres de un bombardeo en trofeos expuestos. El enemigo se convierte en meme. El discurso se reduce a un fragmento de pocos segundos. El conflicto se convierte en tendencia. Y el resultado de una política pública puede terminar siendo menos importante que la imagen que consigue producir.

Colombia ofrece un ejemplo particularmente revelador. Una investigación reciente sobre la conversación digital durante la campaña presidencial identificó redes coordinadas, cuentas falsas y comunidades anómalas capaces de intervenir masivamente en las conversaciones políticas. Pero el fenómeno no terminó con las elecciones. La misma lógica puede trasladarse al ejercicio cotidiano del Gobierno: construir una agenda permanente de enemigos, amenazas, triunfos y agravios. (chequeado.com)

La política deja entonces de ser solamente administración del Estado y se convierte en performance permanente.Argentina muestra una dinámica semejante. Investigaciones sobre la comunicación digital del Gobierno de Javier Milei han encontrado una fuerte presencia de confrontación, emocionalidad y contenidos hostiles, asociados a mayores niveles de interacción. El conflicto no aparece como un accidente de la comunicación política: puede convertirse en su combustible. (ricsh.org.mx) El algoritmo no necesita convencernos de que nuestro adversario es malo. Solo necesita mostrarnos suficientes veces que debemos odiarlo.

Perú permite observar otra dimensión. Durante las elecciones de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones registró centenares de alertas de desinformación y detectó contenidos manipulados mediante inteligencia artificial que circularon por TikTok, WhatsApp y otros espacios digitales. Pero el problema trasciende la elección: las mismas plataformas que pueden deformar una campaña pueden modificar posteriormente la percepción que tenemos de las decisiones de un Gobierno. (elperuano.pe)

El algoritmo también puede fabricar un presente permanente.

Un escándalo desplaza al anterior antes de que podamos comprenderlo. Una declaración estridente sepulta una política pública que va en contraria de la sociedad. Una amenaza ocupa el lugar de una discusión. Una mentira repetida durante suficiente tiempo adquiere la familiaridad de una verdad. Y una sucesión interminable de imágenes termina produciendo una ciudadanía exhausta, incapaz de distinguir entre lo importante y lo simplemente estridente. Este es uno de los mayores peligros pues el algoritmo puede convertir lo excepcional en cotidiano.

Un insulto presidencial. Una teoría conspirativa que se viraliza. Una imagen de violencia. Una descalificación de la prensa. Después de suficientes repeticiones, dejan de producir sorpresa. La sociedad se acostumbra. Y aquello que nos acostumbramos a ver termina pareciéndonos normal.

La ultraderecha ha entendido además que esta maquinaria digital puede conectarse con estructuras sociales preexistentes. Las iglesias evangélicas y carismáticas, por ejemplo, poseen comunidades, liderazgos, territorios y vínculos de confianza que ninguna plataforma puede fabricar por sí misma. La iglesia proporciona comunidad; el político proporciona una narrativa; el enemigo proporciona cohesión; y el algoritmo multiplica el mensaje.

Si bien la ciudadanía no cuenta con suficiente evidencia para asegurar que Washington, Israel, las iglesias evangélicas y las derechas latinoamericanas han diseñado conjuntamente una máquina para conquistar el continente. Lo que sí podemos observar es la convergencia de intereses, discursos, tecnologías y redes de influencia alrededor de determinadas agendas políticas, religiosas y geopolíticas que han ido consolidándose en las decisiones electorales de este año a lo largo del continente.

Como vemos, el problema democrático consiste en saber quién controla las condiciones de visibilidad de la realidad. El algoritmo puede decidir qué indignación merece nuestra atención, qué enemigo debemos temer, qué fracaso debemos olvidar y qué supuesto éxito debemos celebrar. Puede ordenar el mundo sin necesidad de prohibirlo según su agenda.

Mientras, las antiguas dictaduras de gesto marcial y quepis se esforzaban por controlar lo que la gente podía decir. Las nuevas formas de dominación pueden aspirar a algo más profundo: controlar aquello que la gente considera verdadero, urgente y posible.

Quizá esta sea la verdadera dictadura del algoritmo: no obligarnos a pensar de una determinada manera, sino construir para cada persona una realidad en la que cualquier otra forma de pensar parezca ridícula y por tanto descartable. En esa medida, el algoritmo no necesita gobernarnos. Le basta con organizar el paisaje mental desde el cual juzgamos a quienes gobiernan. La manera de contrarrestar su influjo posiblemente sea preguntarnos todos los días, qué intereses se esconden en cada noticia estridente, en cada amenaza, o discurso grotesco del gobernante de turno. 

Juan Ladrón de Guevara Parra 

 

El poder político, una cuestión de límites

 Un mes de gobierno resulta insuficiente para evaluar resultados, pero es suficiente para reconocer una forma de ejercer el poder. Las primeras decisiones de este gobierno muestran una concepción de la autoridad en la que la fuerza, el orden y la homogeneidad se esfuerzan por imponerse sobre los límites institucionales, el pluralismo y la protección de los derechos. 

Cuatro escasas semanas no son suficientes para afirmar que Colombia haya renunciado a ser una democracia. El Congreso sesiona, aunque plagado de los males de siempre, el sistema judicial continua, como puede, ejerciendo controles, los organismos de vigilancia hacen lo mínimo, o, lo que pueden, según dependa de a quien beneficie o perjudique su labor, y, los medios tradicionales son, unos días más o menos críticos y otros complacientes. Mientras que los medios independientes hacen lo posible por mostrarle al país el grado de desgobierno que ya se hace evidente.

A pesar de esto, la democracia no desaparece únicamente cuando se clausura el Senado o se aplazan indefinidamente las elecciones. Se erosiona cuando quienes gobiernan consideran que los limites constituciones son un obstáculo, la crítica un ataque y el uso excesivo de la fuerza una demostración de autoridad. 

Este primer mes, que parece un siglo, nos permite observar varias señales que merecen ser analizadas como parte de un fenómeno singular. Tres bombardeos militares dejaron seis menores muertos; a raíz de ello, un juez ordenó suspender operaciones militares cuando exista información verificable sobre presencia de menores de edad; la Defensoría del Pueblo ordenó, aunque nadie la escuche, que incluso en la guerra existen límites; y, mientras tanto, el presidente convirtió algunos de los resultados militares en imágenes de propaganda para demostrar la “eficacia” de su gobierno. 

El video del presidente paseándose entre bolsas plásticas con cadáveres es quizá la imagen que mejor condensa este primer mes. No solamente muestra los cuerpos fallecidos. Construye una relación entre poder y violencia: El Estado es mostrado como implacable, vencedor y cruel y los cuerpos amortajados en plásticos pálidos como evidencia de su capacidad destructiva. Lo problemático no es que el Estado combata a los grupos al margen de la ley. Es su deber constitucional hacerlo. Lo delicado es cuando la fuerza deja de ser un instrumento sometido a la ley y se transforma en un espectáculo público. 

La misma lógica puede observarse en la relación con las instituciones. Una decisión judicial puede apelarse; eso es democracia. Pero en el momento en que los límites impuestos por los jueces son presentados ante la opinión pública como ridículos o como impedimentos para gobernar, aparece la concepción peligrosa del poder: aquella según la cual ganar en las urnas equivale a recibir una especie de cheque en blanco para gobernar sin demasiadas restricciones. Guillermo O’ Donnell se refirió a esto como democracia delegativa: se refiere a una democracia en la que el gobernante interpreta el mandato electoral como una autorización para concentrar la capacidad de decisión. 

Algo parecido ocurre con la religión. La posesión presidencial del pasado 7 de agosto incorporó sin pudor símbolos y expresiones religiosas que tensionaron la neutralidad del Estado. Después de que un juez ordenara disculpas públicas por el hecho, el presidente cumplió la orden, pero terminó su alocución presidencial con un contundente y desafiante “¡Que viva Cristo Rey!” La cuestión aquí no es la recién estrenada creencia religiosa del primer mandatario. Puede creer en lo que quiera creer. Lo complicado del asunto aparece cuando la identidad religiosa del gobernante comienza a borrar la línea con la identidad simbólica del Estado laico que gobierna. 

Así mismo, las palabras están en el campo de la disputa en este gobierno. “campesino o campesina” empieza a ser reemplazado por “productor rural” o “empresario del campo”; “reforma agraria”, por “acceso a tierras” o “formalización”. En el ICBF se cuestionó el uso institucional de la palabra “niñas” entonces optaron por invisibilizarlas. Puede parecer una trivialidad semántica, pero las palabras con las que el Estado denomina a su ciudadanía determinan cómo los reconoce. Cambiar el lenguaje institucional es una manera de cambiar aquello que el poder considera políticamente visible. 

La misma preocupación aparece con los medios públicos. Las Emisoras de Paz, tan importantes para los territorios más violentados fueron suspendidas temporal y posteriormente 16 regresaron bajo el nombre de Emisoras de la Reconciliación, con una nueva programación. A la par, han aparecido denuncias sobre restricciones al relacionamiento del gobierno con los medios considerados críticos, así como episodios de censura, o, eliminación de programas radiales o secciones en noticias consideradas incomodas para el nuevo ejecutivo. 

A esto se suman la desregulación minera, el debilitamiento de políticas laborales claves para los derechos de las y los trabajadores, el avance de modelos de concesión educativa que pone en jaque a la educación pública y un marcado giro de la política exterior en beneficio de Israel y Estados Unidos. Cada decisión puede discutirse por separado. Lo inquietante es observarlas juntas: seguridad, mercado, religión, disciplina social, control de la información y exaltación permanente de la autoridad comienzan a configurar una misma gramática política.

Por eso el problema de este primer mes de gobierno no se limita a saber si cada medida es legal o ilegal. La pregunta de fondo es qué idea de democracia está detrás de cada medida. 

El autoritarismo no muestra sus colmillos cuando desaparecen las instituciones democráticas. Se va incubando lentamente cuando el poder empieza a considerar incomodos los límites que precisamente existen para impedir que ese poder apueste por el absolutismo.

El poder político no se limita a lo que un gobernante pueda hacer. Se demuestra, sobre todo, por aquello que no está dispuesto a hacer. Gobernar en democracia significa aceptar que existen fronteras que ni siquiera una ventaja electoral significativa puede atravesar: los derechos fundamentales de la ciudadanía, la dignidad humana, la separación de poderes, la libertad de prensa, la pluralidad política, religiosa y cultural y la neutralidad del Estado. 

Después de este largo mes, la pregunta no debería ser solamente qué tan fuerte es este gobierno, sino qué tan dispuesto está a aceptar los límites que hacen posible la democracia que juró defender. Porque, al final, el poder político es en realidad un asunto de límites. 

Juan Ladrón de Guevara Parra