Palabras que sentencian

 

Hay palabras que parecen salir de lenguas afiladas. No nombran: sentencian. En algún momento de nuestra historia dejaron de ser categorías destinadas a describir una realidad y se transformaron en mecanismos capaces de clausurar cualquier posibilidad de diálogo. Palabras incapaces de comprender a quien mira el mundo desde otra perspectiva, pero extraordinariamente eficaces para censurar. Palabras que borran al otro antes de que alcance a hilvanar una idea.

En Colombia, este ejercicio ocurre con inquietante frecuencia. Basta con que alguien proponga una reforma agraria integral, defienda un proceso de paz, cuestione la concentración de la riqueza, reclame mejores condiciones laborales o reivindique el papel del Estado en la garantía de los derechos fundamentales para que aparezca la misma acusación: guerrillero, comunista, castrochavista, vándalo o mamerto. El rótulo reemplaza al argumento y convierte el debate en un ejercicio innecesario.

Sin embargo, esta asociación no surgió espontáneamente. No es el resultado inevitable de nuestra historia ni puede explicarse únicamente por la existencia de organizaciones insurgentes. Es el producto de un largo proceso de construcción política, cultural e ideológica que convirtió una relación contingente en una aparente verdad de sentido común.

Víctor Klemperer mostró en La lengua del Tercer Reich que el poder no necesita prohibir palabras para controlar una sociedad; basta con alterar lentamente su significado. Cuando ciertas expresiones empiezan a despertar automáticamente miedo, rechazo o desprecio, el lenguaje deja de describir el mundo y comienza a organizarlo. George Orwell llegó a una conclusión semejante en Politics and the English Language: la degradación de la política suele estar precedida por la degradación del lenguaje.

En Colombia, la palabra “guerrillero” dejó hace tiempo de designar exclusivamente a quien integra una organización armada ilegal. Poco a poco comenzó a extenderse sobre sindicalistas, líderes campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, docentes, periodistas, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, movimientos sociales, partidos de izquierda e incluso funcionarios que impulsaban reformas democráticas o ejercían una oposición legítima.

Durante la Guerra Fría, la Doctrina de Seguridad Nacional redefinió el conflicto político en América Latina. El enemigo ya no estaba fuera de las fronteras sino dentro de ellas. Esa lógica desdibujó las diferencias entre oposición, protesta social e insurgencia armada. Buena parte del establecimiento colombiano terminó incorporando esa mirada y la prolongada historia de violencia política facilitó que la sospecha se extendiera mucho más allá de quienes realmente empuñaban las armas.

Las consecuencias fueron profundas. Durante décadas, dirigentes sindicales, líderes campesinos, estudiantes, profesores universitarios, periodistas, organizaciones de derechos humanos y comunidades que reclamaban reformas sociales fueron señalados como “auxiliadores de la guerrilla” o “enemigos internos”. El caso más dramático fue el exterminio de la Unión Patriótica, cuyos miles de militantes, dirigentes y candidatos fueron asesinados tras ser identificados sistemáticamente con la insurgencia armada. Pero no fue un episodio aislado. La estigmatización alcanzó también a organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, para quienes la protesta o la crítica bastaban para convertirse en sospechosos.

Ese mecanismo no desapareció con el fin de la Guerra Fría ni con el Acuerdo de Paz. Cambiaron las palabras, pero no la lógica. A expresiones como comunista o subversivo se sumaron castrochavista, mamerto, vándalo o progresista. Las etiquetas se renovaron, pero continuaron cumpliendo la misma función: reducir la complejidad política a una amenaza única.

Antonio Gramsci explicó que la hegemonía consiste en lograr que una determinada manera de interpretar el mundo sea aceptada como sentido común. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe mostraron cómo las cadenas de equivalencia agrupan actores distintos bajo un mismo significante. Así, la eficacia del término “guerrillero” no depende de su precisión descriptiva sino de su capacidad para condensar miedos, prejuicios y antagonismos.

George Lakoff sostiene que interpretamos el mundo mediante marcos cognitivos. Michel Foucault añadió que el poder no solo reprime: también produce verdad. Louis Althusser advirtió que ningún orden social se sostiene únicamente mediante la coerción; necesita aparatos ideológicos que reproduzcan las condiciones de su permanencia. Cuando toda demanda de transformación social es presentada como una amenaza contra el orden, esos aparatos cumplen exactamente esa función.

Johan Galtung ayuda a comprender las consecuencias de este proceso. Su concepto de violencia cultural explica cómo determinados discursos legitiman otras formas de violencia. Antes de las armas suele existir un relato que convierte a ciertas personas en amenazas y hace que la agresión contra ellas parezca necesaria. Judith Butler complementó esta idea al mostrar que los discursos también determinan qué vidas son plenamente reconocidas y cuáles dejan de suscitar duelo e indignación.

El problema, entonces, no consiste únicamente en que alguien sea señalado de guerrillero sin pertenecer a una organización insurgente. Consiste en que el lenguaje se convierta en un dispositivo de exclusión política que administra legitimidades, distribuye sospechas y decide quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado.

Toda violencia necesita primero una gramática que la haga posible. Mucho antes de las balas, de las amenazas o de la persecución, existe un paciente trabajo sobre las palabras. Allí comienza la deshumanización. Allí el adversario empieza a convertirse en enemigo. La historia colombiana demuestra que las palabras no son un simple reflejo de la violencia: con frecuencia han sido su antesala. Cuando las palabras dictan sentencia antes que los jueces, la democracia ya ha empezado a perder una parte esencial de sí misma.

Juan Ladrón de Guevara Parra 

El espejismo democrático

 

En una de sus primeras entrevistas como presidente, una periodista le preguntó a Gustavo Petro qué sentía al tener el poder en Colombia. Su respuesta fue categórica: «Yo no tengo el poder; tengo el Gobierno. El poder lo tienen los poderes de facto». Más allá de la valoración política que cada quien haga de esa afirmación, pocas frases resumen mejor el debate sobre la democracia colombiana durante los últimos cuatro años.

La discusión trasciende a un gobierno o a un presidente. Obliga a preguntarnos qué entendemos realmente por poder y, sobre todo, cuándo empieza una elección democrática. Creemos que las elecciones terminan el día en que se abren las urnas. Es una ilusión. Cuando la ciudadanía deposita su voto, buena parte de la contienda ya ha ocurrido. Las campañas visibles —los debates, la propaganda, los mítines, las entrevistas, la jornada electoral y el escrutinio— constituyen apenas el último acto de un proceso mucho más largo y complejo. Las elecciones empiezan años antes, cuando se construyen, con paciencia arácnida, las condiciones simbólicas, económicas, jurídicas y mediáticas que delimitan aquello que los ciudadanos consideran legítimo, deseable o incluso imaginable.

Esta intuición fue desarrollada por Antonio Gramsci al explicar que las sociedades no se gobiernan únicamente mediante la fuerza o la coerción. También se gobiernan produciendo sentido común. La pregunta decisiva deja de ser quién gana una elección para transformarse en otra mucho más profunda: ¿quién define las reglas invisibles bajo las cuales interpretamos la realidad? Quienes logran que su visión del mundo parezca natural, evidente e incuestionable ejerce lo que Gramsci denominó hegemonía.

Pero esa hegemonía no se sostiene por generación espontánea. Louis Althusser explicó que necesita instituciones encargadas de reproducirla cotidianamente. A través de los llamados aparatos ideológicos del Estado, la sociedad aprende qué debe considerar normal, legítimo o peligroso. Aunque Althusser pensaba principalmente en instituciones estatales, la realidad contemporánea obliga a ampliar esa mirada hacia actores privados con enorme capacidad de influencia: conglomerados mediáticos, grandes grupos económicos, organizaciones religiosas y, más recientemente, las plataformas digitales.

Es allí donde comienzan a instalarse narrativas que, repetidas durante años, terminan adquiriendo apariencia de verdad: que el Estado es inevitablemente ineficiente; que toda reforma social conduce al comunismo; que el sindicalismo constituye una amenaza; que los defensores de derechos humanos protegen delincuentes; que determinados sectores políticos representan un riesgo existencial para la nación. Cuando esas ideas se incorporan al sentido común, una parte importante de las decisiones electorales ya ha sido tomada mucho antes de que se impriman los tarjetones. No porque necesariamente exista fraude electoral, sino porque el terreno donde se forma la voluntad política ha sido previamente moldeado.

Pierre Bourdieu llevó esta reflexión un paso más allá al desarrollar el concepto de poder simbólico. Las élites no conservan su posición únicamente porque concentren riqueza o influencia económica. También dominan porque consiguen imponer las categorías mediante las cuales interpretamos el mundo. Deciden qué significa seguridad, qué entendemos por libertad, quién merece ser llamado terrorista, quién puede presentarse como demócrata y quién debe aparecer como una amenaza para el orden. Quien consigue definir el lenguaje termina condicionando buena parte de la política.

Los medios de comunicación desempeñan aquí un papel decisivo. Noam Chomsky y Edward Herman mostraron hace décadas que la influencia mediática rara vez opera mediante la censura abierta. Su eficacia, como he indicado en otras columnas, reside precisamente en mecanismos mucho más discretos: decidir qué acontecimientos ocupan las portadas, cuáles desaparecen rápidamente del debate público, cuánto tiempo permanece vivo un escándalo, qué voces son presentadas como expertas y cuáles permanecen sistemáticamente ausentes. No se trata únicamente de informar. También se jerarquiza la realidad y se orienta la manera en que la ciudadanía la interpreta. Es decir, se privilegia una sola perspectiva de la realidad. 

A este entramado se suma un ingrediente decisivo: el miedo. George Lakoff y Jonathan Haidt han mostrado que buena parte de nuestras decisiones políticas no nacen de cálculos estrictamente racionales, sino de marcos morales profundamente arraigados. El miedo reorganiza nuestras prioridades, simplifica los dilemas complejos y hace que determinadas promesas de orden resulten emocionalmente irresistibles. La política deja entonces de ser una discusión entre programas de gobierno para convertirse en una confrontación entre identidades morales.

Michel Foucault permite comprender el último eslabón de esta cadena. Para él, el poder no solo reprime; también produce verdad. Los discursos sobre seguridad, corrupción, orden o enemigo interno no reflejan simplemente la realidad: contribuyen a construirla. Cuando una sociedad acepta ciertos relatos como evidentes, esos relatos dejan de percibirse como interpretaciones y pasan a funcionar como hechos incuestionables. Es allí donde la hegemonía alcanza su mayor eficacia.

La historia colombiana ofrece numerosos ejemplos de este proceso. Durante La Violencia, la construcción del enemigo político encontró un poderoso vehículo en los púlpitos y en la prensa partidista. En la Guerra Fría, el anticomunismo reorganizó buena parte del discurso político nacional. Décadas después, nuevas narrativas sirvieron para justificar excesos cometidos en nombre de la seguridad, minimizar el escándalo de la parapolítica, relativizar la gravedad de los “falsos positivos”, alimentar la polarización durante el plebiscito de 2016 y, más recientemente, moldear el ambiente simbólico que acompañó las elecciones presidenciales de 2026. Cambian los escenarios, los protagonistas y las tecnologías; más la lógica permanece sorprendentemente estable.

Por eso, en medio de las incertidumbres como tormentas que rodean la actual transición política, reducir el debate a una afirmación categórica —«la elección fue robada» o «la elección fue completamente limpia»— resulta insuficiente para comprender la complejidad del fenómeno. Las denuncias sobre inconsistencias electorales, las solicitudes de auditorías independientes y los llamados de organizaciones de la sociedad civil para proteger la transición democrática expresan, ante todo, un problema de confianza institucional. Una democracia sólida no se caracteriza por la ausencia de dudas, sino porque dispone de instituciones capaces de responder a ellas mediante transparencia, controles efectivos y deliberación pública.

La pregunta verdaderamente importante no es únicamente quién ganó la última elección. La cuestión de fondo es quién construyó, durante años, las condiciones para que ese resultado pareciera posible, natural o incluso inevitable. Mientras continuemos creyendo que la democracia renace el día de las votaciones, seguiremos ignorando el terreno donde realmente se disputa el poder: los colegios, los medios de comunicación, las iglesias, las redes sociales, las salas de los hogares, las reuniones familiares, los discursos públicos y el sentido común con el que aprendemos a nombrar el mundo.

Tal vez la mayor batalla democrática no se libra en las urnas. Se libra mucho antes, en la disputa silenciosa por definir aquello que una sociedad considera verdadero. Cuando comprendamos que el poder también consiste en producir realidad podremos empezar a preguntarnos, con honestidad, qué tan libres son nuestras elecciones.

Juan Ladrón de Guevara Parra