Cinco miembros de una familia de crianza en el Valle del Cauca fueron acreditados como víctimas dentro del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El cual se encarga de investigar asesinatos y desapariciones forzadas por agentes del Estado colombiano en varias regiones del país. Las víctimas reconocidas son tres hijos y dos nietos de crianza de un hombre asesinado en agosto de 2008 en Dagua (Valle del Cauca). Luego de varios años de investigación, la JEP les otorga a sus familiares la posibilidad de que este crimen cobarde no se sume a la incontable lista de crímenes impunes que debería avergonzar a cualquier persona. Gracias a esta sentencia, las víctimas podrán aportar pruebas, intervenir en diligencias judiciales, contar con respaldo jurídico y acompañamiento psicosocial a lo largo del proceso. Lo cual, no es la norma, sino más bien, la excepción. Según concluye la investigación, “el crimen habría sido cometido por integrantes del Batallón de Alta Montaña No. 3 ‘Rodrigo Lloreda Caicedo’ del Ejército Nacional”.
Este caso en particular resulta relevante debido a que por primera vez una sentencia de este tribunal expone el daño ocasionado por un crimen a tres generaciones, es decir, las balas diseñadas para proteger a la ciudadanía traicionaron su objetivo y laceraron la vida de tres generaciones de una sola familia. Con ello, se evidencia lo obvio, las graves violaciones a los derechos humanos producidas por el Estado colombiano pueden extenderse como una onda de sangre, impotencia, dolor y rabia a varias generaciones y con ello limitar su desarrollo.
No son números que se ajustan en un documento indiferente, son seres de carne y hueso, son familias enteras marcadas por la herida de la violencia y la injusticia. Por eso resulta indignante que pese a la extensión de la evidencia, de los testimonios desgarradores, tanto de víctimas, como de victimarios. Pese a todo el abundante material probatorio, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, principal ejecutor de la política de seguridad democrática durante sus gobiernos tenga la osadía de simplificar estos crímenes como una campaña de desprestigio hacia sus gobiernos. Una narrativa que él, su partido político y sus patrocinadores desde el universo corporativo se han propuesto imponer. El mejor recurso del victimario es actuar como una víctima cuando la evidencia lo señala como posible culpable.
Aunque, la JEP ha demostrado que las ejecuciones de civiles en el marco del conflicto colombiano por parte de agentes del Estado no se limita a la época de la desprestigiada seguridad democrática, diversas fuentes coinciden en que esta política, enfocada en contabilizar cadáveres creó, al interior de las fuerzas armadas de ese periodo, una cultura de incentivos perversa. Sin embargo, a pesar, de la evidencia, sectores influyentes de la justicia colombiana se han rehusado a llamar a indagatoria por estos hechos a Uribe Vélez. Sin importar que la discusión política sobre su responsabilidad en el diseño institucional y la ejecución de la doctrina operacional que promovió y trató sin éxito de encubrir estos crímenes, se mantiene activa.
Como es obvio, la puesta en marcha de este ejercicio sistemático y siniestro, tuvo profundas implicaciones contra los derechos humanos, pues a las personas ajusticiadas con calculo y mano firme ninguno de sus verdugos les respeto el derecho a la vida, a la dignidad humana, nadie los protegió contra la desaparición forzada de la que fueron víctimas.
Mientras que el Estado ordenó sin disimulo su asesinato, a sus familias se les ha tratado de negar el derecho a la verdad y a la reparación. A pesar de ello, permanecen con la dignidad y el coraje intactos, sin que la mezquindad, y estreches humana de quienes dieron las órdenes los y las dobleguen.
Si bien, esta herida profunda es la evidencia más cruel de lo que representa la doctrina uribista, no es un ejemplo aislado de su carácter antidemocrático, solo se trató de una arista más de su maquinaria. Otra de sus políticas totalitaristas fue la compleja red de interceptaciones ilegales que ejecutó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con el guiño de la Casa de Nariño. Desde sus oficinas grises se ordenaron seguimientos, perfilaciones e interceptaciones a la rama judicial, a defensoras y defensores de derechos humanos, a senadoras y senadores opositores, a la prensa crítica con el gobierno. Los esfuerzos por intimidar, a quienes se atrevían a denunciar, criticar o entorpecer el accionar deshonesto del ejecutivo llevó a que altos funcionarios del aparato estatal fueran judicializados, más no el actual líder de facto del Centro Democrático, que una vez más se burló de las víctimas.
Este proyecto político, que socavó, no solamente el ejercicio democrático, sino también los derechos laborales, de acceso a la salud pública, que benefició a las élites económicas, a la par que pauperizaba las condiciones de un alto porcentaje de la población, tuvo un segundo aire con el ascenso de Iván Duque Marquez, un político a la medida de la mano de Uribe Vélez que supo reproducir el modelo de la ultra derecha creado por su mentor. Durante su gobierno el asesinato sistemático de firmantes del acuerdo de Paz de 2016 se multiplicó, así también ocurrió con lideres y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. Con ello y con enormes fallas en la implementación de lo acordado, Duque Márquez cumplía con lo que había prometido en su campaña publicitaria por la presidencia, “destrozar el acuerdo de paz”. Así lo demuestran varios estudios y análisis, tanto académicos, como de organizaciones nacionales e internacionales. Una consecuencia de esto fue el abandono calculado de los territorios antes controlados por las FARC- EP, que ante la indiferencia y negligencia del gobierno Duque fueron reapropiados por diversos grupos ilegales, entre disidencias de las FARC, ELN, y paramilitarismo.
Lo que el gobierno Duque propició con su ineptitud fue fomentar diferentes formas de violencia que tuvieron dos consecuencias, por una parte revelaron el profundo desprecio por parte del proyecto neoliberal del uribismo hacia las poblaciones más vulnerables en el marco de la pandemia del COVID , y , por otra creó las condiciones para la politización de amplios sectores populares de la población que vieron como el Estado, no solo los abandonaba en un momento de vulnerabilidad, sino como usaba su aparato represor para silenciar, cuando no asesinar o mutilar como ocurrió en la rebelión de 2021. Estas protestas masivas fueron, según varias investigaciones, las de mayor envergadura en la historia del país. Miles de jóvenes, pero también ancianos, amas de casa, desempleados, indígenas, oficinistas, obreros se sumaron a la protesta de forma espontánea, y, en paz.
Sin embargo, ante los reclamos, el gobierno uribista respondió con inquina desplegando su maquinaria bélica, decidido a coleccionar víctimas de lesiones oculares permanentes, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, y violencia sexual. Al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que hubo uso desproporcionado de la fuerza y emitió recomendaciones severas al Estado colombiano, que, por supuesto, y con la desvergüenza de siempre, ignoró.
A la par que el gobierno de Iván Duque Márquez hacía de la violación de derechos humanos una seña de identidad de su política, en el plano judicial su mentor enfrentaba por primera vez un revés. Esto, a pesar de ser un protegido de los medios de comunicación y del sistema político y judicial. El caso por soborno en actuación penal y fraude procesal puso en 2020 a Uribe Vélez en la historia oficial del desprestigio al ser el primer ex mandatario en la historia del país en ser privado de la libertad por una decisión judicial.
A pesar de ello, el país que él creo con sus malas artes, con su colección de vilezas, en complicidad con los medios de comunicación y los grandes capitales hizo caso omiso al desprestigio y lo justificó con el pantanoso argumento de la persecución política. Entonces, el hombre que había ordenado la persecución, el perfilamiento, los seguimientos ilegales a magistrados, opositores, voces críticas, usando a instituciones del Estado fue presentado por sus alfiles en los medios de comunicación como una víctima de la justicia. Esto, a la par que su discípulo orquestaba un plan de interceptaciones y seguimientos desde la inteligencia militar a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, opositores, magistradas y magistrados. Fue entonces que el New York Times denunció que, nuevamente, el ejército colombiano estaba organizando un plan muy similar al que resultó en el asesinato sistemático de miles de ciudadanos que fueron presentados como bajas en combate.
En esa medida, la evidencia muestra que los gobiernos del Centro Democrático presentan una tensión entre una narrativa de “seguridad” autoridad y lucha contrainsurgente, que afecta considerablemente el ejercicio democrático y que vulnera los derechos fundamentales. Estos patrones se encuentran documentados ampliamente tanto en los dos gobiernos de Uribe Vélez, como en el gobierno de Iván Duque Márquez. Durante los largos ocho años de Uribe Vélez en la Casa de Nariño predominaron actos violentos ligados con la militarización del conflicto, lo que propició prácticas de inteligencia ilegal, ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, así como incentivos operacionales lesivos. Por su parte, bajo el gobierno de Duque Márquez hubo un predominio de controversias ligadas a la gestión del orden público y a la destrucción de los acuerdos de paz.
Si bien, hubo periodistas y medios independientes (Guillen, Martínez, Coronell, Duzan, Orosco, entre muchos otros) que investigaron y expusieron a la opinión pública estos hechos y por ello fueron estigmatizados, perfilados, amenazados e injuriados, los grandes medios corporativos, si bien, no guardaron silencio absoluto, obraron de una forma mucho más compleja y sociológicamente inquietante para tratar estos temas espinosos. Ya que, a lo largo de los años, han ido tejiendo es una red donde encuadran, jerarquizan, narran, normalizan ciertos hechos dentro de matices que son ideológicamente funcionales al poder político y económico que está en el corazón del discurso hegemónico.
En Colombia, una parte significativa del ecosistema mediático de mayor alcance ha estado asociado con los grandes conglomerados empresariales, así como con los intereses financieros de la banca, del sector industrial y del mundo político.
Así entonces, el grupo Aval tiene participación e influencia en varios medios de comunicación masivos, la Organización Ardila Lülle es dueña de RCN y sus filiales, el Grupo Santo Domingo, de Caracol Televisión y sus filiales, la Casa Editorial El Tiempo es propiedad del grupo económico de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto implica que, como lo señala Bourdieu, se produzcan homologías estructurales, lo que significa que estos medios de comunicación masiva reproducen marcos compatibles con los intereses del campo económico dominante pues comparten redes sociales, una visión de mundo e interés en mantener la estabilidad de su influencia. Así como aversión a la idea de redistribución y defensa del orden institucional que les permite sostener su sistema de privilegios. En el contexto colombiano, donde el conflicto armado ha sido descifrado desde el marco del discurso de “la seguridad contra la amenaza interna” está lógica ha tenido un efecto decisivo.
Durante los periodos presidenciales de Uribe Vélez (2002 – 2010) los medios corporativos contribuyeron a posicionar una narrativa centrada en que se percibiera al Estado como defensor de la civilización, a la par que la disidencia, la crítica al gobierno y la protesta se presentaron como actitudes afines con la subversión. Esta bipolaridad contribuyó a que durante años el caso de las ejecuciones extrajudiciales se matizara con el término “bajas en combate”, o, “falsos positivos” esto, a pesar de los testimonios de las familias de las víctimas y de las evidencias de sistematicidad en la práctica de estas operaciones militares. Incluso ahora, muchos años después, cuando existe un macro caso en la JEP sobre estos delitos, los medios hegemónicos insisten en invisibilizar este delito, o, en el mejor de los casos, referenciarlo sin análisis, o profundidad. Este fenómeno no es producto de la censura necesariamente, tiene que ver con lo que teóricos como Chomsky y Herman denominan, dependencia de las fuentes oficiales. Esto quiere decir que el Estado y en ese caso, las Fuerzas Armadas, fueron la fuente primaria de la información. Entonces, el periodismo deja de lado su misión y se transforma en amplificador del discurso oficial. Este fenómeno puede tener diversas fuentes, presión política, acceso privilegiado, patriotismo informativo, temor a perder fuentes, o un empleo. La consecuencia es la naturalización de una maquinaria criminal que le costó la vida a miles de personas y cuyas repercusiones son, como ya se vio, transgeneracionales.
Este efecto también se hizo evidente en la rebelión de 2021, en el contexto de las protestas amplios sectores mediáticos centraron sus marcos narrativos en enfatizar el caos, el vandalismo, usando un lenguaje que estigmatizaba el derecho a la protesta, a la par que justificaba el accionar violento de la policía. No era infrecuente que se usaran en las transmisiones o informes términos como: terror urbano, bloqueos criminales, amenazas al abastecimiento. Por el contrario los medios hegemónicos evitaron o minimizaron el uso de categorías narrativas como: violencia policial, abuso estatal, protesta legítima. No se trata de negar u omitir que hubo episodios de vandalismo, el asunto de fondo es la asimetría en la cobertura mediática. En el momento en el que los daños a la infraestructura ocupa un lugar de privilegio en la narrativa, por sobre la pérdida de vidas, o por encima de vulneraciones a derechos humanos, se produce una des jerarquización moral cuyo objetivo es deshumanizar a las víctimas. La consecuencia de esto es que el conjunto de la sociedad acepta la represión sin objeciones y justifica la violencia estatal como necesaria. Es decir, la sociedad se posiciona a favor de los represores y no de los reprimidos.
Lo anterior está íntimamente relacionado con el dispositivo histórico del enemigo interno, que el Estado de Colombia ha usado de manera efectiva por más de medio siglo para normalizar el uso excesivo de la fuerza. Con esa lógica, el Estado y sus aparatos ideológicos ha extendido el paradigma contrainsurgente hacia actores civiles. De esta manera, los medios hegemónicos han contribuido, por medio de la repetición acrítica a asociar la protesta social legitima y amparada en la constitución, con términos como “infiltración guerrillera, desestabilización, amenaza comunista, sabotaje” y un largo etcétera. Ese repertorio simbólico está anclado en la doctrina de la Seguridad Nacional y su intención no es otra que desplazar el debate desde ¿qué demandas tiene la sociedad? hacia ¿cómo neutralizar la amenaza? Esta maniobra tiene como resultado el desplazamiento de los problemas sociales hacia el ambiguo terreno del orden público, con lo cual se deslegitima la raíz de la protesta, se anula el derecho de la ciudadanía a exigir mejores condiciones, o la solución a problemáticas de diversa naturaleza y se favorece la respuesta represiva como la racionalmente aceptada.
Otro mecanismo de uso común de los medios hegemónicos consiste en llevar a cabo el acto de invisibilizar, no por medio de la mordaza, sino a partir de abordar el hecho noticioso superficialmente. En otras palabras, se publica la noticia, pero se usa un lenguaje ambiguo, que genera dudas en las audiencias, la noticia carece de un análisis profundo, tiende a individualizar lo que en realidad es sistémico, de tal forma que no se perciben patrones sino incidentes desconectados, y al ser un hecho aislado, el poder político hegemónico, no es interpelado.
Otro de los recursos de la desinformación es el uso de un lenguaje que atenúa la responsabilidad, así entonces, en lugar de señalar el hecho puntual, “miembros de las fuerzas armadas asesinaron a civiles indefensos” los titulares se revisten de opacidad, “ en hechos confusos mueren civiles”, o, en lugar de “represión policial” se matiza con “fuertes disturbios afectaron el orden público”. Este acto de desaparición elimina la agencia, se trata de una operación de magia semiótica que presenta la violencia como un acto sin sujetos, lo que la lleva a ser percibida como un accidente, esto es, un acto fortuito. Esta operación se efectúa porque la violencia con sujeto, impone una responsabilidad y lo que el discurso hegemónico espera es absolver de esa responsabilidad a sus agentes y con ello, así mismo.
En el repertorio de las tácticas evasivas de los medios corporativos, vale la pena mencionar el rol de la opinión y el entretenimiento político. Este es el papel que cumplen los programas de opinión, tanto en radio, como en televisión de largo aliento. En ellos, una seguidilla de invitados e invitadas contribuyen, desde diversos ángulos a legitimar visiones, muchas veces punitivas, sesgadas, en defensa de intereses hegemónicos, de temas complejos, que sin embargo se presentan a la audiencia, no desde el análisis sino desde la emocionalidad y la superficialidad. Esta artimaña tiene como fin personalizar el conflicto (se ataca a quien critica, cuestiona, denuncia, es decir a quien incomoda), promueve la simplificación binaria, (malos contra buenos), deslegitima el disenso (quien protesta es un vago). Es decir, en lugar de discutir sobre las estructuras de exclusión, la discusión se centra en si alguien está “en contra o con el país”. El objetivo de esta táctica es limitar la discusión y la traslada, no al plano del análisis, sino al del espectáculo. En otras palabras anula el aspecto político de cualquier hecho que se presente.
Como se ha mostrado, el punto no es la censura directa, sino la producción de consentimiento. La hegemonía funciona cuando amplios sectores sociales aceptan, como sentido común, o como algo natural ideas como: más militarización equivale a mayor seguridad, los derechos humanos son un obstáculo para la lucha contra la delincuencia. En esta categoría nebulosa se agrupan a quienes (protestan, critican, cuestionan, o denuncian al poder). Cuando la sociedad considera que el orden precede al ejercicio de la justicia, toda protesta es sospechosa, está infiltrada, es injustificada. Cuando estas ideas se normalizan mediáticamente, las violaciones a los derechos humanos no necesitan ser negadas explícitamente, solo hace falta que sean percibidas por las audiencias como inevitables, excepcionales, como daños colaterales, o, justificadas (no estarían recogiendo café). Es decir, se trivializa la violencia directa, estructural o cultural desde el Estado y sus aliados.
La relación entre el proyecto político de la ultra derecha colombiana y los medios hegemónicos puede ser analizada, no como una teoría conspirativa de mentes febriles, de manipulación centralizada y homogénea, sino como una compleja y flexible articulación estructural entre poder político, racionalidad asociada a la seguridad, concentración mediática y producción constante de legitimidad. Entonces, la cuestión no es si los medios de comunicación mienten sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y civiles por parte de los gobiernos asociados a Uribe Vélez, sino qué condiciones materiales, ideológicas y narrativas hacen posible que extensos sectores de la sociedad hayan percibido y perciban las graves vulneraciones a los derechos humanos como si estas se trataran de una simple estrategia para desacreditar a los gobiernos de Uribe Vélez, como él mismo lo sugirió con tono lastimero, y no como un hecho probado por la justicia.
Las 6402 víctimas, entre 2002 y 2010, no son un simple dato numérico, por más que el entorno tóxico del uribismo más rancio insista en negar. Se trata de una tragedia humana perpetrada de manera fría y sistemática que hirió profundamente a la Colombia del extrarradio, de los márgenes, del píe de hoja, a la Colombia sin nombre, invisible para el Estado, despreciada por las élites. Esta cifra de la infamia triplicó los registros oficiales, mostró que esas balas no eran hechos aislados, manzanas podridas, sino que fueron planificadas, su trayectoria firmada por hombres adustos y arrogantes y ejecutada con risas de hiena por soldados colombianos. Ese es el legado más sangriento y despiadado de los años de la política de “seguridad democrática” que las mentes febriles y nubladas por los medios hegemónicos añoran y sueñan con revivir. El país popular que sufrió las violencias de Uribe Vélez y su presidente títere Duque Márquez, que ha visto menguados sus derechos laborales, a la salud, a las pensiones, que ha sido excluido, maltratado, explotado, se enfrenta a una disyuntiva compleja en estas elecciones que definen, o, la continuidad de una política pública centrada en mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, o, la posibilidad de un retroceso en materia de derechos humanos y civiles que nos colocaría en una Colombia anacrónica, autoritaria, y, posiblemente más violenta que la de los años del uribato más tenebroso. Esto con la anuencia de las élites económicas y sus medios hegemónicos que, aun, siguen teniendo una amplia capacidad manipulativa. Solo la conciencia crítica, puede darnos la fórmula para contrarrestar y cuestionar la matriz mediática que con saña y calculo nos quieren imponer a golpe de miedos, mentiras e inquina. Solo Colombia tiene la capacidad de dar un paso que nos libre del oscurantismo de las elites toscas ancladas en la nostalgia del puño, el grito, el látigo y la invisibilidad que facilita las violencias más crueles.
Juan Ladrón de Guevara Parra
