Un mes de gobierno resulta insuficiente para evaluar resultados, pero es suficiente para reconocer una forma de ejercer el poder. Las primeras decisiones de este gobierno muestran una concepción de la autoridad en la que la fuerza, el orden y la homogeneidad se esfuerzan por imponerse sobre los límites institucionales, el pluralismo y la protección de los derechos.
Cuatro escasas semanas no son suficientes para afirmar que Colombia haya renunciado a ser una democracia. El Congreso sesiona, aunque plagado de los males de siempre, el sistema judicial continua, como puede, ejerciendo controles, los organismos de vigilancia hacen lo mínimo, o, lo que pueden, según dependa de a quien beneficie o perjudique su labor, y, los medios tradicionales son, unos días más o menos críticos y otros complacientes. Mientras que los medios independientes hacen lo posible por mostrarle al país el grado de desgobierno que ya se hace evidente.
A pesar de esto, la democracia no desaparece únicamente cuando se clausura el Senado o se aplazan indefinidamente las elecciones. Se erosiona cuando quienes gobiernan consideran que los limites constituciones son un obstáculo, la crítica un ataque y el uso excesivo de la fuerza una demostración de autoridad.
Este primer mes, que parece un siglo, nos permite observar varias señales que merecen ser analizadas como parte de un fenómeno singular. Tres bombardeos militares dejaron seis menores muertos; a raíz de ello, un juez ordenó suspender operaciones militares cuando exista información verificable sobre presencia de menores de edad; la Defensoría del Pueblo ordenó, aunque nadie la escuche, que incluso en la guerra existen límites; y, mientras tanto, el presidente convirtió algunos de los resultados militares en imágenes de propaganda para demostrar la “eficacia” de su gobierno.
El video del presidente paseándose entre bolsas plásticas con cadáveres es quizá la imagen que mejor condensa este primer mes. No solamente muestra los cuerpos fallecidos. Construye una relación entre poder y violencia: El Estado es mostrado como implacable, vencedor y cruel y los cuerpos amortajados en plásticos pálidos como evidencia de su capacidad destructiva. Lo problemático no es que el Estado combata a los grupos al margen de la ley. Es su deber constitucional hacerlo. Lo delicado es cuando la fuerza deja de ser un instrumento sometido a la ley y se transforma en un espectáculo público.
La misma lógica puede observarse en la relación con las instituciones. Una decisión judicial puede apelarse; eso es democracia. Pero en el momento en que los límites impuestos por los jueces son presentados ante la opinión pública como ridículos o como impedimentos para gobernar, aparece la concepción peligrosa del poder: aquella según la cual ganar en las urnas equivale a recibir una especie de cheque en blanco para gobernar sin demasiadas restricciones. Guillermo O’ Donnell se refirió a esto como democracia delegativa: se refiere a una democracia en la que el gobernante interpreta el mandato electoral como una autorización para concentrar la capacidad de decisión.
Algo parecido ocurre con la religión. La posesión presidencial del pasado 7 de agosto incorporó sin pudor símbolos y expresiones religiosas que tensionaron la neutralidad del Estado. Después de que un juez ordenara disculpas públicas por el hecho, el presidente cumplió la orden, pero terminó su alocución presidencial con un contundente y desafiante “¡Que viva Cristo Rey!” La cuestión aquí no es la recién estrenada creencia religiosa del primer mandatario. Puede creer en lo que quiera creer. Lo complicado del asunto aparece cuando la identidad religiosa del gobernante comienza a borrar la línea con la identidad simbólica del Estado laico que gobierna.
Así mismo, las palabras están en el campo de la disputa en este gobierno. “campesino o campesina” empieza a ser reemplazado por “productor rural” o “empresario del campo”; “reforma agraria”, por “acceso a tierras” o “formalización”. En el ICBF se cuestionó el uso institucional de la palabra “niñas” entonces optaron por invisibilizarlas. Puede parecer una trivialidad semántica, pero las palabras con las que el Estado denomina a su ciudadanía determinan cómo los reconoce. Cambiar el lenguaje institucional es una manera de cambiar aquello que el poder considera políticamente visible.
La misma preocupación aparece con los medios públicos. Las Emisoras de Paz, tan importantes para los territorios más violentados fueron suspendidas temporal y posteriormente 16 regresaron bajo el nombre de Emisoras de la Reconciliación, con una nueva programación. A la par, han aparecido denuncias sobre restricciones al relacionamiento del gobierno con los medios considerados críticos, así como episodios de censura, o, eliminación de programas radiales o secciones en noticias consideradas incomodas para el nuevo ejecutivo.
A esto se suman la desregulación minera, el debilitamiento de políticas laborales claves para los derechos de las y los trabajadores, el avance de modelos de concesión educativa que pone en jaque a la educación pública y un marcado giro de la política exterior en beneficio de Israel y Estados Unidos. Cada decisión puede discutirse por separado. Lo inquietante es observarlas juntas: seguridad, mercado, religión, disciplina social, control de la información y exaltación permanente de la autoridad comienzan a configurar una misma gramática política.
Por eso el problema de este primer mes de gobierno no se limita a saber si cada medida es legal o ilegal. La pregunta de fondo es qué idea de democracia está detrás de cada medida.
El autoritarismo no muestra sus colmillos cuando desaparecen las instituciones democráticas. Se va incubando lentamente cuando el poder empieza a considerar incomodos los límites que precisamente existen para impedir que ese poder apueste por el absolutismo.
El poder político no se limita a lo que un gobernante pueda hacer. Se demuestra, sobre todo, por aquello que no está dispuesto a hacer. Gobernar en democracia significa aceptar que existen fronteras que ni siquiera una ventaja electoral significativa puede atravesar: los derechos fundamentales de la ciudadanía, la dignidad humana, la separación de poderes, la libertad de prensa, la pluralidad política, religiosa y cultural y la neutralidad del Estado.
Después de este largo mes, la pregunta no debería ser solamente qué tan fuerte es este gobierno, sino qué tan dispuesto está a aceptar los límites que hacen posible la democracia que juró defender. Porque, al final, el poder político es en realidad un asunto de límites.
Juan Ladrón de Guevara Parra
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