Hay palabras que parecen salir de lenguas afiladas. No nombran: sentencian. En algún momento de nuestra historia dejaron de ser categorías destinadas a describir una realidad y se transformaron en mecanismos capaces de clausurar cualquier posibilidad de diálogo. Palabras incapaces de comprender a quien mira el mundo desde otra perspectiva, pero extraordinariamente eficaces para censurar. Palabras que borran al otro antes de que alcance a hilvanar una idea.
En Colombia, este ejercicio ocurre con inquietante frecuencia. Basta con que alguien proponga una reforma agraria integral, defienda un proceso de paz, cuestione la concentración de la riqueza, reclame mejores condiciones laborales o reivindique el papel del Estado en la garantía de los derechos fundamentales para que aparezca la misma acusación: guerrillero, comunista, castrochavista, vándalo o mamerto. El rótulo reemplaza al argumento y convierte el debate en un ejercicio innecesario.
Sin embargo, esta asociación no surgió espontáneamente. No es el resultado inevitable de nuestra historia ni puede explicarse únicamente por la existencia de organizaciones insurgentes. Es el producto de un largo proceso de construcción política, cultural e ideológica que convirtió una relación contingente en una aparente verdad de sentido común.
Víctor Klemperer mostró en La lengua del Tercer Reich que el poder no necesita prohibir palabras para controlar una sociedad; basta con alterar lentamente su significado. Cuando ciertas expresiones empiezan a despertar automáticamente miedo, rechazo o desprecio, el lenguaje deja de describir el mundo y comienza a organizarlo. George Orwell llegó a una conclusión semejante en Politics and the English Language: la degradación de la política suele estar precedida por la degradación del lenguaje.
En Colombia, la palabra “guerrillero” dejó hace tiempo de designar exclusivamente a quien integra una organización armada ilegal. Poco a poco comenzó a extenderse sobre sindicalistas, líderes campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, estudiantes, docentes, periodistas, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, movimientos sociales, partidos de izquierda e incluso funcionarios que impulsaban reformas democráticas o ejercían una oposición legítima.
Durante la Guerra Fría, la Doctrina de Seguridad Nacional redefinió el conflicto político en América Latina. El enemigo ya no estaba fuera de las fronteras sino dentro de ellas. Esa lógica desdibujó las diferencias entre oposición, protesta social e insurgencia armada. Buena parte del establecimiento colombiano terminó incorporando esa mirada y la prolongada historia de violencia política facilitó que la sospecha se extendiera mucho más allá de quienes realmente empuñaban las armas.
Las consecuencias fueron profundas. Durante décadas, dirigentes sindicales, líderes campesinos, estudiantes, profesores universitarios, periodistas, organizaciones de derechos humanos y comunidades que reclamaban reformas sociales fueron señalados como “auxiliadores de la guerrilla” o “enemigos internos”. El caso más dramático fue el exterminio de la Unión Patriótica, cuyos miles de militantes, dirigentes y candidatos fueron asesinados tras ser identificados sistemáticamente con la insurgencia armada. Pero no fue un episodio aislado. La estigmatización alcanzó también a organizaciones estudiantiles, movimientos sociales y defensores de derechos humanos, para quienes la protesta o la crítica bastaban para convertirse en sospechosos.
Ese mecanismo no desapareció con el fin de la Guerra Fría ni con el Acuerdo de Paz. Cambiaron las palabras, pero no la lógica. A expresiones como comunista o subversivo se sumaron castrochavista, mamerto, vándalo o progresista. Las etiquetas se renovaron, pero continuaron cumpliendo la misma función: reducir la complejidad política a una amenaza única.
Antonio Gramsci explicó que la hegemonía consiste en lograr que una determinada manera de interpretar el mundo sea aceptada como sentido común. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe mostraron cómo las cadenas de equivalencia agrupan actores distintos bajo un mismo significante. Así, la eficacia del término “guerrillero” no depende de su precisión descriptiva sino de su capacidad para condensar miedos, prejuicios y antagonismos.
George Lakoff sostiene que interpretamos el mundo mediante marcos cognitivos. Michel Foucault añadió que el poder no solo reprime: también produce verdad. Louis Althusser advirtió que ningún orden social se sostiene únicamente mediante la coerción; necesita aparatos ideológicos que reproduzcan las condiciones de su permanencia. Cuando toda demanda de transformación social es presentada como una amenaza contra el orden, esos aparatos cumplen exactamente esa función.
Johan Galtung ayuda a comprender las consecuencias de este proceso. Su concepto de violencia cultural explica cómo determinados discursos legitiman otras formas de violencia. Antes de las armas suele existir un relato que convierte a ciertas personas en amenazas y hace que la agresión contra ellas parezca necesaria. Judith Butler complementó esta idea al mostrar que los discursos también determinan qué vidas son plenamente reconocidas y cuáles dejan de suscitar duelo e indignación.
El problema, entonces, no consiste únicamente en que alguien sea señalado de guerrillero sin pertenecer a una organización insurgente. Consiste en que el lenguaje se convierta en un dispositivo de exclusión política que administra legitimidades, distribuye sospechas y decide quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado.
Toda violencia necesita primero una gramática que la haga posible. Mucho antes de las balas, de las amenazas o de la persecución, existe un paciente trabajo sobre las palabras. Allí comienza la deshumanización. Allí el adversario empieza a convertirse en enemigo. La historia colombiana demuestra que las palabras no son un simple reflejo de la violencia: con frecuencia han sido su antesala. Cuando las palabras dictan sentencia antes que los jueces, la democracia ya ha empezado a perder una parte esencial de sí misma.
Juan Ladrón de Guevara Parra
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