El domingo 21 de junio de este año de 2026, Colombia escogió como presidente a un candidato que genera más dudas que certezas, más temor y desazón que esperanza o alegría para un amplio sector de la población. Como ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia, la campaña que cerró ese domingo estuvo atravesada por discursos odiosos, mentirosos y amenazantes; acusaciones lanzadas como balas en mitad de una reyerta y profundas divisiones políticas. Sin embargo, más allá del conteo de votos y de los discursos de triunfo y derrota, queda una pregunta que se susurra cada vez que en nuestro maltrecho escenario político asoma una figura que, a pesar de lo que representa, alcanza importantes niveles de respaldo ciudadano: ¿por qué millones de personas apoyan proyectos políticos que otros consideran peligrosos, antidemocráticos o asociados con la corrupción, la violencia y el crimen?
Es posible que las personas no voten por aquello que consideran incorrecto, sino por el proyecto político que creen representa valores que juzgan fundamentales: la familia tradicional, la protección de la propiedad privada, la seguridad o el orden. En Don't Think of an Elephant! (2004), George Lakoff sostiene que la política no se comprende únicamente mediante argumentos racionales, sino a través de marcos mentales que organizan nuestra percepción de la realidad. En una dirección semejante, Jonathan Haidt, en The Righteous Mind (2012), explica que nuestras intuiciones morales suelen anteceder al razonamiento: primero sentimos y después justificamos nuestras decisiones. Desde esta perspectiva, resulta poco probable que un ciudadano vote pensando que respalda la corrupción o el autoritarismo; más bien, vota convencido de que protege aquello que considera valioso.
En esa medida, la ciudadanía parece obviar que sobre su candidato se cierna una sombra de sospecha, siempre que este prometa defender esos valores. El problema comienza cuando dichos valores son presentados como si estuvieran bajo una amenaza permanente. En El miedo a la libertad (1941), Erich Fromm advertía que las sociedades sometidas a la incertidumbre pueden terminar aceptando formas cada vez más rígidas de autoridad con tal de recuperar una sensación de estabilidad. El miedo deja entonces de ser una emoción pasajera para convertirse en un organizador de la vida política. La inseguridad, la incertidumbre económica, el cambio cultural o la pérdida de estatus de determinados sectores dejan de percibirse como problemas complejos y pasan a experimentarse como amenazas existenciales.
Ese miedo necesita un rostro. Allí comienza la construcción del enemigo. La lógica es sencilla y extraordinariamente eficaz: si existe una amenaza, debe existir alguien responsable de ella. El "comunista", el "castrochavista", el "enemigo de la familia" o el "enemigo de Dios" sustituyen el debate democrático por una confrontación moral. Como sostiene Chantal Mouffe en On the Political (2005), las democracias necesitan adversarios con quienes disputar el poder dentro de reglas compartidas; los proyectos de vocación autoritaria, en cambio, requieren enemigos cuya existencia misma aparece como incompatible con el orden social.
En esta etapa intervienen múltiples actores. Los grandes conglomerados mediáticos, diversos líderes y lideresas políticas, sectores del ecosistema religioso y las redes sociales participan, con diferentes niveles de influencia, en la construcción de esos marcos de interpretación de la realidad. No se trata de afirmar que controlen por completo la opinión pública, sino de reconocer que poseen una enorme capacidad para jerarquizar problemas, definir qué asuntos ocupan el centro de la conversación pública y establecer quién aparece como legítimo y quién como una amenaza.
En este punto resulta especialmente útil la noción de hegemonía desarrollada por Antonio Gramsci y posteriormente enriquecida por Pierre Bourdieu a través del concepto de poder simbólico: la capacidad de ciertos actores para convertir una visión particular del mundo en sentido común.
Cada una de estas piezas forma el entramado ideal para que, por más que las voces críticas adviertan, denuncien o presenten evidencias, muchas personas permanezcan fieles, no tanto al candidato en cuestión, sino a los valores que este promete defender de las garras del "enemigo". En consecuencia, las denuncias sobre corrupción, vínculos con actores armados, alianzas con sectores criminales o prácticas antidemocráticas pasan a considerarse secundarias o simplemente parte de una campaña de desprestigio. Lo que verdaderamente importa es que el proyecto político aparezca como el garante de un determinado sistema de valores y, en muchos casos, como el instrumento para preservar o recuperar el lugar privilegiado que ocupan —o aspiran a ocupar— determinados sectores sociales.
En el caso particular de Colombia, a esta combinación de factores hay que agregar una pieza más del engranaje: la memoria histórica y su inevitable selectividad. Maurice Halbwachs, pionero en los estudios sobre memoria colectiva, sostenía que las sociedades no recuerdan el pasado de manera uniforme; construyen relatos compartidos que privilegian ciertos acontecimientos y relegan otros al olvido. Mientras millones de colombianos asocian cualquier proyecto progresista con el fenómeno guerrillero y sus múltiples formas de violencia —secuestros, atentados, tomas armadas o reclutamiento forzado de menores—, otros millones asocian los proyectos de la ultraderecha con el paramilitarismo, la sistematicidad de los falsos positivos, las desapariciones forzadas, las interceptaciones ilegales, la persecución a opositores y la corrupción estructural del Estado. Son memorias distintas que compiten por definir el sentido del pasado y, con ello, las decisiones del presente.
De tal manera que la explicación de estos comportamientos electorales no radica en la supuesta irracionalidad de quienes votaron el 21 de junio. Surge de la intersección entre miedo, identidad política, memoria colectiva, discursos públicos y construcción simbólica de la realidad. Comprender estas dinámicas no implica justificar determinadas opciones electorales; significa reconocer que las democracias no se sostienen exclusivamente sobre hechos verificables, sino también sobre emociones, relatos y percepciones que orientan la acción política.
El gran desafío de nuestro tiempo consiste, precisamente, en impedir que el miedo continúe siendo el principal organizador de la vida política del país. Mientras el adversario siga siendo presentado como un enemigo absoluto y la diferencia se interprete como una amenaza existencial, la deliberación democrática permanecerá subordinada a la lógica del temor antes que a la fuerza de los argumentos.
Juan Ladrón de Guevara Parra
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