La batalla por la cultura

 Las sociedades no saben quedarse estáticas, aprendieron a la fuerza, a liberarse de ataduras. Aprendieron, como la hierba que desafía al asfalto, a abrirse camino. Las libertades y derechos que hoy ni se cuestionan, que nos son tan naturales, son producto de la persistencia y el coraje por desafiar la quietud, la homogeneidad que niega la identidad y opta por lo uniforme. 

Desde hace un tiempo, hay una expresión que ha comenzado a ocupar espacio en las discusiones políticas contemporáneas: la batalla cultural. No es una metáfora inofensiva. Se refiere a las disputas alrededor de la familia, el género, la religión, la educación, el arte, la memoria y las costumbres. Detrás de ese concepto, subyace una pregunta más compleja: ¿Quién tiene el poder de decidir qué debe entender una sociedad por cultura?

La pregunta resuena en nuestro país, donde la diversidad no es una excepción sino una de las características más reconocibles de nuestra sociedad. Colombia es un país indígena, afrodescendiente, mestizo y campesino; urbano y rural; católico y evangélico, agnóstico, judío, musulmán en donde conviven múltiples cultos; es a un tiempo conservador y progresista; atravesado por diferentes maneras de entender la familia, el cuerpo, la sexualidad, la autoridad, la memoria y la nación. 

A pesar de ello, algunos discursos políticos actuales apuestan por una Colombia sin matices. Una Colombia homogénea sostenida sobre una familia determinada, con una moral prediseñada, con una sola religión y una idea anacrónica de autoridad. Lo que no se amolda a esa perspectiva que cabe por el ojo de una aguja se presenta como una amenaza contra todo lo que es “sagrado”. 

Esa es la génesis de la batalla. No se limita a una disputa entre quienes tienen una perspectiva conservadora o progresista. Esto, porque la democracia es diversa, se alimenta de la diferencia que sabe compartir un espacio. La raíz del problema es cuando una visión de la vida se impone como la única aceptable. La legitimidad de la identidad colombiana no puede formularse desde una oficina en la Casa de Nariño, donde un intelectual al servicio de las élites decide cómo se debe adecuar el lenguaje para definir quiénes y cómo deben ser las y los colombianos. 

Gramsci comprendió que el poder más eficiente es el que consigue que una determinada visión de mundo sea aceptada como normal. La hegemonía funciona cuando una construcción histórica deja de parecer una y comienza a ser percibida como algo natural e inalterable. En ese escenario, la pregunta cambia. No se trata de saber quién gobierna. Se trata de saber quién consigue definir qué es normal. 

Hay varias personas en Latinoamerica que han contribuido a ampliar esta discusión. Aníbal Quijano mostró que la colonialidad del poder sobrevivió a la desaparición formal del colonialismo y continuó organizando jerarquías de raza, conocimiento y autoridad. La cultura latinoamericana no se construyó en un terreno neutral. Para él, las ideas sobre quién posee conocimiento, quién puede gobernar, quien representa al país y qué formas de vida son consideradas superiores tienen una historia marcada por la colonialidad. 

Por este motivo, resulta complicado hablar de “nuestra cultura” como si pudiéramos contar con un dedo la cultura colombiana. ¿Cuál es ese “nosotros”? ¿Quién lo define? ¿Quién se queda por fuera?

Silvia Rivera Cusi ha insistido en pensar las sociedades latinoamericanas desde sus contradicciones y coexistencias. Su concepto de ch’ixi resulta muy sugerente: identidades y formas culturales disimiles que coexisten sin que se vean obligadas a fundirse en una identidad homogénea. Colombia, es, este tipo de sociedad. No podemos asumirnos como una identidad cultural pura y unificada. Somos un tejido de diferencias que nunca terminó de resolverse.  

El autoritarismo cultural hace corto circuito con esta complejidad. Necesita una respuesta fácil. Necesita decir quiénes somos en tres palabras, pero sobre todo quienes no somos. 

Rita Cegato lleva años insistiendo en que las relaciones de poder atraviesan los cuerpos y cómo el género constituye uno de los territorios fundamentales donde se reproducen las jerarquías sociales. Esto resulta particularmente visible cuando la “batalla cultural” pone en la mira a la familia, la sexualidad, los derechos reproductivos o las identidades de género. No se trata de una discusión moral. La disputa es por definir quién tiene autoridad para decidir qué cuerpos, qué relaciones y qué formas de vivir merecen reconocimiento y cuáles deben ser excluidas, invisibilizadas, o violentadas. 

Por su parte, María Lugones llevó esta discusión al terreno de la colonialidad del género. Su trabajo se enfoca en cuestionar qué determinadas formas de familia y determinadas relaciones entre hombres y mujeres sean percibidas como “naturales”. La mayor parte de las categorías con las que pensamos el género, la sexualidad y la organización social tienen historias concretas y están profundamente permeadas por relaciones de poder. 

De ahí que cuando un discurso político afirma que su objetivo es “defender la familia”, la pregunta de fondo no es si estamos a favor o en contra de esa construcción social. Es, ¿de qué familia estamos hablando? ¿la extensa familia de las comunidades indígenas? ¿las familias afrocolombianas? ¿Las familias campesinas? ¿las familias monoparentales? ¿Las familias ensambladas? ¿Las familias homoparentales? ¿La familia nuclear de toda la vida? Todas existen y todas son válidas. Todas son parte integral de la sociedad. Y, sin embargo, los “guerreros culturales” suele seleccionar solo una de ellas y convertirla en la representación de todas las demás.  La escritora Mara Viveros Vigoya ha mostrado desde el contexto colombiano y latinoamericano, que género, raza, y clase no pueden analizarse como dimensiones aparte. La experiencia vital de una mujer indígena no es idéntica a la de una mujer blanca de clase alta; tampoco lo es la de una mujer afrodescendiente, campesina o urbana. En esa medida, cuando el discurso político habla de “la mujer”, “la familia” o “la comunidad”, muchas veces borra precisamente las diferencias que constituyen esas categorías. 

La “batalla cultural” funciona, en buena medida, gracias a ese borramiento. Construye un sujeto abstracto: la familia, la mujer, los niños, los colombianos, la gente de bien. Luego, con medido cálculo decide quién encaja dentro de esas categorías y quien queda por fuera. Y una vez que esa frontera se traza, la diferencia puede comenzar a presentarse como amenaza.

Yuderkys Espinosa Miñozo y Ochy Curiel; desde el feminismo decolonial, han cuestionado precisamente estas pretensiones de universalidad. Una de las grandes dificultades de los discursos dominantes consiste en presentar una experiencia particular como si fuera la misma para todas las personas. Así, la cultura de un puñado termina hablando en nombre de todas las personas. Ese mecanismo aparece en las discusiones alrededor de la educación. ¿Qué se enseña a los y las niñas? ¿Qué historia debe enseñarse? ¿Qué lugar debe ocupar la educación sexual? ¿Cómo deben abordarse el racismo, el conflicto armado, la diversidad sexual o la memoria histórica? No se trata de preguntas técnicas. Son fundamentalmente políticas. Quién controla los contenidos por medio de los cuales una sociedad educa a sus nuevas generaciones participa activamente en la construcción de aquello que esa sociedad considerará verdadero, normal y deseable. 

Lo mismo ocurre con las expresiones artísticas. Cada cierto tiempo reaparece la misma discusión: una obra resulta ofensiva, una exposición es considerada inmoral, una película pone en riesgo determinados valores, una canción o género musical es considerado decadente. El problema, no es que una sociedad discuta sobre arte. Es cuando el poder actúa como juez de aquello que puede ser representado y aquello que debe permanecer oculto.

El mismo procedimiento se aplica a la memoria. ¿Qué víctimas recordamos? ¿Qué violencias nombramos? ¿Qué responsabilidades reconocemos? ¿Cuáles acontecimientos de la historia nacional borramos y cuáles legitimamos? La memoria es parte de la cultura, pero también es poder. Así, quien logra imponer una determinada visión del pasado adquiere una poderosa herramienta para definir el presente. Por ello, la “batalla cultural” no es una disputa secundaria. Se trata de una lucha sin cuartel por establecer las condiciones simbólicas dentro de las cuales una sociedad decide qué considera legítimo. Aquí se nos presenta una paradoja inquietante.

El autoritarismo busca posicionarse como defensor de la cultura frente a quienes supuestamente apuestan por destruirla. Grita que quiere recuperar valores, restaurar la familia, proteger a la infancia, defender la tradición, recuperar el orden y salvar la identidad de la patria. Pero una sociedad que se precia de ser democrática no puede defender su cultura como si fuera un objeto estático. La cultura es dinámica, se mezcla, discute consigo misma, es contradictoria, produce nuevas formas de expresión, incorpora voces que antes fueron silenciadas. Se cuela por entre las grietas, es convulsa y combativa. La esquiva cultura colombiana no existe porque todas las personas que habitan este territorio piensen igual. Palpita, precisamente, porque millones de personas han construido formas de vida a su medida e interpretan el mundo de formas diferentes dentro de un mismo territorio. 

 Esa diferencia, para el discurso autoritario, es sinónimo de decadencia. La pluralidad se relativiza, la crítica se asume como una traición, la protesta es vandalismo. Prefieren tener una perspectiva religiosa particular que hable en nombre de todo un país. La defensa de una “tradición” sirve para excluir a quienes ellos deciden que no hacen parte de ella. En ese escenario la “batalla cultural” apunta su artillería al disciplinamiento social. 

Galtung se refirió a esa estrategia como violencia cultural. Se trata de elementos simbólicos que permiten justificar o legitimar formas de violencia. Esta idea resulta fundamental. Antes de excluir a una comunidad en particular, debemos aprender a verla desde una óptica diferente. Antes de perseguirla, aprender a percibirla como peligrosa. Antes de dar el paso a la acción violenta, convencernos de que su existencia representa una amenaza. 

La violencia comienza con una definición, no siempre con una acción. Con una palabra frontera. Ellos. Con una afirmación que señala a quienes pertenecen a un país mientras otros solo lo habitan. 

Por eso es necesario desconfiar de quienes hablan de “defender nuestra cultura” sin explicar quienes forman parte de ese nosotros. La pregunta para formular en toda “batalla cultural” no se refiere a qué cultura queremos defender, sino quién tiene el poder para definirla. 

Colombia no es un país que deba ser obligado a escoger entre tradición y diversidad. Su entraña posee ambas palabras. Una democracia con todas las letras no demanda que abandonemos nuestras convicciones morales, familiares o religiosas. Demanda eso sí que aceptemos que nuestras convicciones no pueden convertirse por decreto en la norma que gobierne la vida de quienes no las comparten. 

La “batalla cultural” no debe radicar en decidir quién tiene derecho a existir. Debería consistir en aprender a convivir con quienes existen de manera diferente a la nuestra. Un país no se hace fuerte cuando apuesta por hacer que todo el conjunto de su ciudadanía se piense en los mismos términos. Se fortalece cuando consigue que nadie tenga que dejar de ser quien es para ser reconocido como parte de él. 

Es posible que ese sea el verdadero miedo de quienes hacen de la cultura una guerra: descubrir, al final de todo, que la diversidad que tanto les inquieta no es una amenaza contra Colombia. Es Colombia.  

Juan Ladrón de Guevara Parra