Cuando pasó el temblor, la tragedia en Chocó ya estaba ahí

 

El 10 de agosto de este año turbulento, un terremoto devastador les truncó la existencia a miles de personas. Un movimiento telúrico de magnitud 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros desbarató, en cuestión de segundos, las certezas de miles de personas. Esta vez, el epicentro de la tragedia fue San José del Palmar, Chocó. Tal fue su magnitud que el Servicio Geológico Colombiano lo catalogó como el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI. 

Sin embargo, en Chocó la brutalidad del sismo venía anunciándose desde hacía décadas. Comenzó mucho antes de que los sismógrafos detectaran el movimiento tectónico. Se fue gestando en las construcciones precarias, en la ausencia de vías adecuadas para conectar a uno de los departamentos históricamente más excluidos del país, en la fragilidad de su infraestructura hospitalaria y en las enormes dificultades que enfrentan muchas comunidades para acceder a servicios básicos.

El terremoto es producto de complejos procesos naturales. La vulnerabilidad de quienes lo sufren no lo es. Esa diferencia es fundamental. Cuando ocurre un evento de esta magnitud, nuestra atención se concentra naturalmente en el fenómeno: su epicentro, su profundidad, sus réplicas, los daños. Pero pocas veces nos detenemos a mirar las condiciones sociales que determinan quién puede enfrentarlo y quién queda atrapado bajo el peso de sus consecuencias.

La naturaleza no discrimina. Las sociedades, en cambio, sí pueden distribuir de manera profundamente desigual los recursos que permiten sobrevivir a una catástrofe.

En Chocó, esa desigualdad tiene consecuencias concretas: viviendas vulnerables, dificultades de conectividad, una red hospitalaria insuficiente, problemas persistentes de infraestructura y comunidades rurales cuya comunicación con los centros urbanos puede quedar interrumpida durante una emergencia.

En San José del Palmar, los derrumbes dejaron incomunicado al municipio, que depende de una única vía de acceso. La situación puso de manifiesto, una vez más, la fragilidad de la conexión territorial y las dificultades para llevar ayuda a las comunidades rurales. 

Entonces aparece una pregunta incómoda: ¿Cómo puede un país que se precia de moderno aceptar que una parte de su población enfrente una emergencia desde semejante posición de vulnerabilidad?

Johan Galtung llamó violencia estructural a aquellas formas de daño que no tienen necesariamente un victimario visible. Es una violencia incorporada a las estructuras sociales que distribuyen de manera desigual las oportunidades, los recursos y la posibilidad de vivir dignamente. La violencia estructural no siempre tiene la espectacularidad de una bomba o de un disparo. A veces es una casa que nunca fue reparada. Una escuela que espera durante años una inversión. Una carretera que nunca llega. Un hospital al borde del colapso. Una comunidad que aprende a vivir con aquello que otra sociedad consideraría intolerable.

Los datos ayudan a dimensionar el tamaño de la desazón. Según el DANE, en 2025 Chocó registró una pobreza monetaria del 65,3 %, la cifra más elevada entre los departamentos colombianos. 

Por ello resulta limitado señalar que el terremoto golpeó con fuerza a un departamento pobre. Lo que deberíamos preguntarnos es por qué un territorio con enormes recursos naturales permanece atrapado durante décadas en niveles tan altos de pobreza y desigualdad.

El Chocó no llegó vulnerable al terremoto. Llegó cargando décadas de desigualdad, aislamiento territorial, precariedad institucional, conflicto armado y dificultades persistentes para garantizar derechos fundamentales. El sismo no creó esas condiciones. Las hizo visibles, una vez más.

La situación hospitalaria es una muestra elocuente. Después del terremoto, el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, registró una sobreocupación de aproximadamente el 245 % en urgencias, mientras enfrentaba dificultades de energía y escasez de insumos. Un hospital que ya funcionaba bajo condiciones difíciles tuvo que absorber de repente una emergencia de dimensiones extraordinarias.

La pregunta vuelve a aparecer:

¿Por qué la capacidad de respuesta del Estado no es la misma en todos los territorios?

Aquí aparece una segunda dimensión de la violencia de Galtung: la violencia cultural. La desigualdad estructural no podría sostenerse durante décadas si no existieran también discursos, representaciones y formas de pensamiento capaces de naturalizarla.

Aníbal Quijano permite mirar este problema desde la colonialidad del poder. Las jerarquías construidas durante la colonia no desaparecieron simplemente con la independencia. Encontraron nuevas formas de organizar el poder, la riqueza, el territorio y el reconocimiento. El Chocó obliga a mirar esa historia.

Es un territorio mayoritariamente habitado por comunidades afrodescendientes e indígenas. No puede comprenderse únicamente mediante índices de pobreza. Nos fuerza a preguntarnos por las relaciones históricas entre raza, territorio y poder que permiten que determinadas desigualdades terminen pareciendo normales. El problema no es solamente que el Estado colombiano haya olvidado al Chocó. El problema es que el país haya aprendido a considerar normal que su gente tenga menos.

Menos infraestructura. Menos oportunidades. Menos presencia estatal. Menos capacidad de respuesta.

Cuando la desigualdad se convierte en paisaje, deja de producir indignación. Eso también es violencia cultural.

Por supuesto, después de la tragedia aparecen historias de solidaridad. Comunidades que se organizan. Vecinos que ayudan a sus vecinos. Iglesias, organizaciones sociales y ciudadanos que llevan agua, alimentos, medicamentos y otros elementos esenciales. En San José del Palmar, la solidaridad comunitaria fue fundamental durante los momentos de mayor aislamiento. Pero hay una trampa en convertir la resiliencia de los más vulnerables en una virtud que termine ocultando su abandono. Que una comunidad sea capaz de sobrevivir con poco no significa que deba seguir teniendo poco. Que pueda reconstruir con sus propias manos no exonera al Estado de su responsabilidad. La solidaridad puede salvar vidas durante una emergencia. No puede reemplazar décadas de obligaciones estatales aplazadas indefinidamente por el racismo y la exclusión.

Rita Segato ha planteado la importancia de mirar los territorios como espacios donde también se inscriben relaciones de poder. Silvia Rivera Cusicanqui, desde otra perspectiva, ha cuestionado las jerarquías desde las cuales se construyen las representaciones del centro y la periferia. Por eso el terremoto debería obligarnos a mirar al Chocó desde otro lugar. No como la periferia que ocasionalmente aparece en las noticias. No como el territorio del rezago. No como una región que solamente necesita ayuda cuando ocurre una tragedia. Sino como una parte fundamental de Colombia, con el mismo derecho a infraestructura, salud, educación, vivienda digna y protección estatal que cualquier otro territorio.

La tierra se sacudió durante unos minutos. Las condiciones que hicieron vulnerable al Chocó llevan décadas allí.

El 19 de agosto, Gustavo Petro e Iván Cepeda, como cabezas visibles de la oposición, utilizaron su derecho de réplica para cuestionar la respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella frente al terremoto. Petro sostuvo que la ayuda recibida por los damnificados era insuficiente, criticó la distribución territorial de la atención y cuestionó que no se hubieran utilizado oportunamente herramientas que, según afirmó, habían sido preparadas durante su gobierno, entre ellas el buque hospital Benkos Biohó. También propuso recuperar su proyecto de reforma tributaria como mecanismo para financiar la reconstrucción. 

Más allá de la disputa sobre responsabilidades —que deberá ser examinada con datos y evidencias—, hay algo políticamente significativo en este enfrentamiento. La emergencia se convirtió también en una discusión sobre quién debe asumir los costos de la reconstrucción y qué tipo de Estado debe responder ante una tragedia. No deberíamos reducir esa discusión a otra pelea entre izquierda y derecha. Detrás del cruce de declaraciones existe una pregunta mucho más profunda:

¿Qué tipo de Estado queremos cuando una tragedia golpea al país? Uno que aparece después del desastre para entregar ayudas y auto publicitarse, o, uno que trabaja previamente para construir las condiciones necesarias para que el desastre no golpee siempre con mayor fuerza a los mismos.

Pronto el foco de atención comenzará a desplazarse. Las cámaras se irán. Los titulares cambiarán. La emergencia dejará de ocupar el centro de la conversación nacional. Pero la devastación seguirá allí.

Y entonces tendremos que preguntarnos si el Estado se limitará a reconstruir algunas paredes o si será capaz de intervenir las estructuras que hicieron que el terremoto resultara mucho más devastador para unos que para otros. Porque si levantamos las paredes sin modificar las condiciones que producen la desigualdad, el próximo desastre —natural o social— volverá a encontrar el mismo territorio vulnerable.

La tierra tembló durante unos minutos. La desigualdad llevaba décadas temblando bajo los pies del Chocó. Y quizá ese sea el verdadero reverso de esta tragedia: cuando pasó el temblor, la tragedia en Chocó ya estaba ahí.

 Juan Ladrón de Guevara Parra